Los países que son escrupulosos en
el cumplimiento de los Derechos Humanos y de la Infancia y gozan de un sistema
democrático bien asentado suelen disponer de una red de centros públicos
extendida y consolidada, siendo la red privada totalmente subsidiaria, bastante
minoritaria o cuasi residual. Por el contrario, hay países como el nuestro
donde el peso de una dictadura -algunos de cuyos efectos aún colean- y la
emergencia de las políticas neoliberales han propiciado y mantenido una extensa
red de centros privados concertados o subvencionados. Así, se mantienen
privilegios ancestrales de La Iglesia católica y el mercado empuja fuerte para
convertir al ciudadano en cliente, bajo el
engañoso discurso de libre elección de centro: sea público o privado.
¿Qué familias pueden realmente elegir, en una sociedad crecientemente desigual,
cuando no se dispone de información y mucho menos de capacidad adquisitiva?
Un
modelo con más valores y oportunidades
No es verdad que los centros
privados, contrariamente a lo que quiera venderse, sean mejores que los
públicos. Los escasos estudios comparativos muestran que no hay diferencias
apreciables entre ambos modelos, aunque sí son significativas en el interior de
cada uno de ellos. Sabido es que hay centros públicos y privados de cualidades
muy dispares. El hecho de que en los resultados del informe PISA -o de
cualquier otra evaluación- salgan más favorecidos los colegios privados se debe
única y exclusivamente a la condición social del alumnado, perteneciente a la
clase media y alta.
La escuela pública atesora otros
valores y oportunidades de las que no gozan -o al menos no tan plenamente-
otros modelos escolares. En primer lugar, se trata de una escuela inclusiva e
integradora, donde se escolariza todo el alumnado, con toda suerte de carencias
y capacidades, de cualquier condición social y cultural, sin discriminación ni
exclusiones de ningún tipo. De este modo, la institución escolar se convierte
un fiel reflejo de la diversidad social existente, en una comunidad democrática
en miniatura que educa para la sociedad democrática del mañana. Este carácter
interclasista es un elemento que favorece, de forma más determinante y
normalizada, el intercambio, el diálogo, la convivencia y la cohesión social.
En contraste, en los centros privados con frecuencia se selecciona al alumnado
inmigrante y socialmente más desfavorecido y se expulsa al más problemático.
En segundo lugar, se garantiza la
gratuidad para favorecer la plena escolarización y la igualdad de
oportunidades. Y en los servicios que no alcanza la gratuidad -transporte
escolar, comedor, libros de texto,…- se conceden becas para las familias más
necesitadas. Por otro lado, existen los dispositivos adecuados para facilitar
la atención a la diversidad, la acogida y mediación intercultural, los
programas de adaptación curricular, la tutoría y seguimiento del alumnado, el
apoyo y refuerzo escolar,… Una serie de medidas de discriminación positiva o de
compensación escolar destinadas al alumnado con necesidades educativas
especiales o que presenta ciertas dificultades. En los últimos tiempos también se
están ofreciendo programas para el alumno con alto rendimiento.
Y en tercer lugar, la escuela
pública, amén de garantizar la coexistencia social y la coeducación -así como
el respeto a las diversas opciones sexuales-, vela por el pluralismo y la libre
expresión de las ideas, siempre que éstas no atenten contra la dignidad humana,
la vida y los principios democráticos más elementales. Por ello, las creencias
religiosas y los adoctrinamientos políticos deben encontrar acomodo en el
ámbito privado y fuera de la escuela. Si quiere preservarse la libertad de
conciencia la cultura escolar debería ser totalmente laica, algo que sólo se
logrará plenamente en el caso español con la derogación de los acuerdos entre
el gobierno y el Vaticano firmados durante la dictadura franquista.
Tres
amenazas a la escuela pública comunitaria
La escuela pública tiene sus
riesgos y sus derivas hacia otros modelos educativos que desnaturalizan e
incluso pervierten las señas de identidad que acaban de exponerse. Ello es
debido tanto a las políticas educativas dominantes como a las relaciones de
poder que se establecen entre los diversos agentes en el interior de cada
centro escolar.
A continuación se esbozan algunas
de las características y efectos de tres modelos que, al menos en algunos
puntos, se alejan del modelo más plenamente público y democrático.
El
primero es el modelo de escuela estatal centralista, uniforme, funcionarial y
excesivamente intervencionista, reglamentista y burocratizado, heredero de la
revolución francesa e instaurado en la España de la Restauración y del
franquismo, que en dosis no tan llamativas subsiste en algunas Comunidades
Autónomas. La no reforma pendiente de la Administración, con mecanismos más
flexibles y cercanos a la ciudadanía y a la comunidad escolar “lar, ha impedido
hacer tabla rasa de la administración educativa centralista de tiempos
predemocráticos. Algunas figuras como la Inspección, por poner un ejemplo,
siguen ejerciendo prioritariamente una labor de control burocrático por encima
de la dinamización pedagógica para garantizar una mejora de la enseñanza y el
aprendizaje.
El
segundo es el modelo corporativo, que emerge cuando las relaciones y tensiones
entre los distintos actores de la comunidad escolar se balcanizan, se segmentan
y se encierran, obstruyendo los canales de comunicación y los proyectos
compartidos, convirtiéndose en reinos de taifas. Y, sobre todo, cuando un sector
confunde y antepone los propios intereses estamentales a los de la propia
comunidad escolar y social, con el objetivo de alcanzar nuevas cuotas de poder
particular. Hay que decir, no obstante, que los poderes de los diversos actores
son muy asimétricos. Así, por lo general, la posición de dominio la ejerce el
profesorado o un sector poderoso de éste que -con la connivencia activa o
pasiva de la dirección del centro-, en la más pura clave funcionarial, hace
dejación de sus funciones y responsabilidades y privatiza el espacio público de
la enseñanza.
El
tercero es el de la escuela pública devaluada que, como consecuencia del
discurso y la política neoliberal, y con la coartada de la crisis económica,
trata de convertir la escuela pública en una red subsidiaria de segunda
categoría, priorizando la escuela privada e introduciendo nuevos mecanismos de
privatización y segregación en el interior de la red pública. Una de las
propuestas más llamativas es el llamado bachillerato de excelencia. Los efectos
son bien conocidos con la brutal política de recortes en profesorado,
prestación de servicios y diversos gastos que, en definitiva, afectan a la
calidad educativa. Los medios de comunicación se han hecho eco de la magnitud
de esta ofensiva contra el corazón de la escuela pública, sobre todo en la
Comunidad de Madrid, donde actualmente el porcentaje de pública y privada es prácticamente
similar.
Políticas
y medidas para el impulso de la escuela pública comunitaria
Aunque ya se han apuntado algunas,
y otras se deducen de las críticas a los tres modelos anteriores, vamos a
señalar, de modo sintético, cuatro prioridades clave para avanzar hacia la
escuela pública comunitaria, la cual basa su esencia en el poder y protagonismo
de los actores educativos del centro escolar y su entorno.
1. Impulsar la red pública a lo largo de toda la vida. Hay que
garantizar el derecho a la educación para toda la población: desde la escuela
infantil hasta la educación de personas adultas.
2. Garantizar la calidad de la enseñanza. Hay que aprender y extender
a todos los centros aquellos aspectos que la experiencia acumulada y la
investigación internacional atesoran como factores de mejora: número de alumnos
por aula, centros pequeños, clima escolar, enseñanza colaborativa entre
personas de distintas edades, formación e implicación del profesorado,
prácticas lectoras, proyectos educativos autónomos y consolidados, etc.
3. Fortalecer la democracia participativa. No basta con la
representación formal. La democracia exige fortalecer, cuantitativa y
cualitativamente, las AMPAS, los consejos escolares, los delegados y delegadas
de curso, las comisiones y otros ámbitos de colaboración mixta
familia-profesorado-alumnado para desarrollar iniciativas y proyectos
colectivos.
4. Invertir más en educación. El presupuesto educativo, aún por debajo
de la media europea, debe crecer porque hay que cubrir nuevas demandas y para
lograr una educación de calidad para todo el alumnado. La enseñanza es
ciertamente cara pero no hay que verlo como un gasto sino como una inversión.
Como la mejor inversión de futuro
Jaume Carbonell
Director de Cuadernos de Pedagogía
