La finalidad de la reforma debería ser la de resolver los verdaderos problemas educativos que aquejan al sistema educativo. Seguramente, con pocas diferencias, las personas que de una forma u otra están relacionadas con la educación, coincidirán en que los problemas que padece la educación pública y, que aún no se han resuelto pueden ser entre otros: Abandono y fracaso escolar, repeticiones, ineficacia en la aplicación de los programas de compensatoria y adaptaciones curriculares, impotencia, de una parte del profesorado para gestionar la diversidad del aula, escasa participación de la comunidad educativa, consejos escolares burocráticos e ineficaces, organización desfasada de los aprendizajes en las aulas, la inmutabilidad de un tiempo fijo e inmóvil, centros guetos en determinados barrios, escasa autonomía de centros, formación deficiente del profesorado etc. Problemas, entre otros, que cualquier reforma debería pretender erradicar. Sin embargo, la LOMCE parece ignorarlo ya que cuando habla de de los problemas del sistema educativo los reduce a dos: ” La reforma pretende hacer frente a los principales problemas detectados en el sistema educativo español las elevadas tasas de abandono temprano de la educación y la formación, y el reducido número de estudiantes que alcanza la excelencia”
El panorama que dibuja esta situación es lo
suficientemente grave para, poner todo el empeño en solucionarlos. Es verdad,
que la gravedad de los problemas enumerados difiere en importancia y extensión.
El abandono y fracaso escolar, aunque tengan grandes diferencias entre
comunidades autónomas y centros, es un problema que abarca a todo el sistema
educativo, a diferencia por ejemplo de los “centros guetos” que siendo muy
grave se da en determinados centros. Sin embargo, cuando se analiza el proyecto
de reforma no se encuentra una catalogación de dichos problemas y, lo que es
más grave, no aparece un diagnóstico que permita valorar su dimensión y las
medidas necesarias. Lo que resulta
incomprensible ya que, en buena lógica, si la administración educativa, tuviera
una preocupación por resolver todos y cada uno de los problemas de la educación
hubiera actuado de forma totalmente diferente a como lo ha hecho.
Es evidente, que para conocer en
profundidad, la naturaleza de estos problemas, hay que bajar a la arena, del
día a día, de los centros educativos y ver que se hace y como se hace, recoger
el quehacer de las aulas, contar con el profesorado y con las organizaciones de
familias es decir, recabar, como hace el médico ante el enfermo toda la
información posible, para que tanto el diagnóstico como la medicina a aplicar
sean las más eficaces. Pero que se sepa, la Administración no ha realizado
ningún tipo de diagnóstico, ni ha bajado al tajo educativo de las aulas, ni ha
consultado con profesorado y familias. La Administración ha actuado como Juan
Palomo “yo me lo guiso yo me lo como”. Ante este proceder es necesario
preguntarse ¿Que futuro puede tener una reforma impuesta al dictado? ¿Que
futuro puede tener una reforma elaborada sin consensos y a contracorriente?
¿Que futuro puede tener una reforma hecha a espaldas del profesorado verdadero
protagonista de su puesta en práctica? El futuro no puede ser otro que el
fracaso. Porque, entre otras cosas “las
reformas fracasan no ya porque, como es sabido, todas ellas produzcan efectos
no previstos, no queridos e incluso opuestos a los buscados; no ya porque
originen movimientos de resistencia, no encuentren los apoyos necesario o no acierten a implicar al profesorado en
su realización; sino porque, por su misma naturaleza ahistórica, ignoran la existencia de ese conjunto
de tradiciones y regularidades institucionales sedimentadas a la largo del
tiempo, de reglas de juego y supuesto compartido, no puestos en entredicho, que son los que permiten a los profesores
organizar la actividad académica, llevar la clase y, dada la sucesión de
reformas interrumpidas que se plantan desde el poder político y administrativo,
adaptarlas transformándolas, a las exigencias que se derivan de dicha cultura”[1]
Por tanto, el proceso que ha seguido hasta ahora la reforma ha sido el de ignorar
a la comunidad educativa. O dicho de otra forma, se ha secuestrado la
voluntad popular imponiendo un proceder autoritario y antidemocrático. Además
de haber eludido el más simple diagnóstico. Lo que da a entender, sin lugar a
dudas, que esta ley va por otros derroteros. Porque, una cosa es querer
resolver los problemas educativos aunque se cometan errores y otra muy
distinta, querer imponer un determinado modelo educativo afín a unas
determinadas concepciones e ideología. Lanzar como ha hecho el Sr. Wert, una
reforma desde arriba, ignorando a los integrantes de la comunidad educativa y
haciendo oídos sordos a sus peticiones, no parece que sea el mejor camino para
resolver los problemas educativos de centros y aulas.
Así pues, la cuestión a plantear es si la reforma educativa tal y como se conoce en el proyecto es la que
necesita el sistema educativo para, en un periodo razonable, acabar con los
problemas actuales, o por el contrario, los dejará igual o agravará. Para
ello, nada mejor que aplicarle algunos criterios que nos desvelen sus
verdaderos propósitos. Se trata sencillamente, de poder por si mismo hacerse un
juicio sobre si esta reforma solucionará los problemas que impiden que “todo”
el alumnado que inicia su escolaridad la termine con éxito. Se trataría de que
cada persona que integran la comunidad educativa: profesorado y familias
pudieran someterla sin intermediarios, ni influencias de organizaciones
interesadas a la prueba del algodón. Para ello, solamente es necesario tener
algunos criterios que nos permitan saber si realmente es la reforma que tal y
como dice su título (LOMCE) va a mejorar la calidad educativas de todas las
escuelas incluidas las consideradas gueto, si va a mejorar a aquellos IES que
desde hace 10 ó 15 años prácticamente no varía el abultado porcentaje (de un
50, 60 y 75 % de alumnado que no promociona). Para ello, a continuación se plantean cuatro cuestiones de cuya
respuesta dependerá si se valora la LOMCE como una ley necesaria para resolver
los problemas reales, no ficticios, que tiene la educación o por el contrario,
es una ley que bajo el escaparate de “mejora del sistema educativo” tiene
otros derroteros.
1.- ¿La reforma hace efectivo el derecho a
una educación de calidad en igualdad de oportunidades y sin ningún tipo de
discriminación, para todo el alumnado?
Se
trata de ver si la reforma asegura que todo niño y niña que ingresa en la
escuela, independientemente de su origen y condición social y familiar terminará
la educación básica y obligatoria. O por el contrario será apartado del tronco
común de la educación básica y desviado a otras trayectorias paralelas. Porque,
la solución al problema del abandono y fracaso, problema principal y global, es
lograr que todo el alumnado termine la
ESO y pueda optar, si lo desea, a los estudios postobligatorios. Porque si esto
no es así ¿en que consiste la mejora de la calidad?
2.-
¿Las medidas que propone
la reforma son las adecuadas para acabar con todos los problemas educativos, en
especial los que lastran al sistema educativo?
Es de suma importancia saber que medidas propone la
reforma para resolver cada uno de sus problemas. ¿Incluye en su articulado
medidas concretas para evitar las repeticiones? Cuales. ¿Dónde figuran las
ayudas individuales para atender a cualquier niño o niña, en el momento que lo
necesite, y prevenir su retraso? ¿En que lugar se habla del personal de apoyo y
refuerzo necesario? Potencia la participación plena de las familias en la vida
del centro o lo que propone es su marginación eliminando su participación
decisoria. La autonomía de centros que propone es democrática o por el contrario
expulsa a la comunidad educativa en su gestión. ¿Qué medidas propone para
gestionar la diversidad del aula sin segregar, clasificar y apartar al alumnado
que tiene dificultades de aprendizaje?
3.- ¿El modelo
educativo que potencia la reforma es inclusivo y participativo?
El modelo que nos
ofrece la reforma, es
un modelo inclusivo, participativo, equitativo y democrático. O por el
contrario, es un modelo selectivo, competitivo, meritocrático, excluyente y
segregador para, aquel alumnado que no logra alcanzar los estándares de la
calidad, concebida como excelencia. Lo que llevará a clasificar a la futura
ciudadanías en personas cualificadas y competentes o en personas fracasadas que
apenas servirán para ocupar puestos de mano de obra barata. ¿Con este modelo
que ofrece la LOMCE se logrará acabar con el 24 % de alumnado de la ESO que
abandona la escuela? Y con el 30 % de
fracaso?
4.- ¿Qué significa
la LOMCE para el modelo de escuela pública?
La cuestión a saber es si con la aplicación de la LOMCE,
se refuerza o se debilita la escuela pública, si se privatiza o se hace más
pública. Para lo que habrá que valorar si convertir la educación en un bien de consumo a elegir por los consumidores.
Si el incremento de los obstáculos (controles,
pruebas externas y reválidas) para segregar
y clasificar al alumnado que no alcance el nivel señalado
de la excelencia apartándolo del camino de la educación básica. Si la eliminación de la participación decisoria
de los padres y madres. Si
convertir al director, con la
excusa de la profesionalización, en una
persona con poder absoluto para gestionar el centro, como un manager o gerente empresarial, eliminando
la gestión democrática y participativa de la comunidad educativa. Si la
competición entre centros objetivo semioculto, de la autonomía de centros aboca
a la agonía de los valores distintivos de la educación pública: equidad,
igualdad de oportunidades,… En
definitiva se trata de discernir si en la LOMCE la privatización de la escuela
pública forma parte de un proceso lento y silencioso que se cuela entre los
entresijos de la comunidad educativa y que pretende contrarrestar los valores y
características del modelo de escuela pública. Porque si es así, dentro de unos años la
escuela pública será un recuerdo presente en la sociedad simplemente por su
titularidad.
Del resultado de aplicar estas
cuatro cuestiones al texto de la LOMCE y
del modelo de sociedad por el que se opta se podrá decidir, si es esta la ley
que se necesita para resolver los problemas que arrastra el sistema educativo y
lograr una educación de “calidad para todos”
6 de febrero de 2013
Ginés Martínez Cerón
Educación Pública Siglo XXI
Sobre la eficiencia y rendición de cuentas:
ResponderEliminarhttp://www.otraspoliticas.com/educacion/eficiencia-y-rendicion-de-cuentas
Sobre el fracaso escolar:
http://www.otraspoliticas.com/educacion/fracaso-escolar